Uso de razón

Pablo Hiriart



Caso Cassez: construir, no destruir

El miércoles hubo exposiciones de fondo en la Suprema Corte. Brillantes algunas de ellas. Y no se ve en el contenido de sus alegatos que hubiese temor a una represalia de orden político o administrativo.

Los ministros, por lo visto, actuaron de acuerdo con sus convicciones. Hubo intervenciones públicas inoportunas por parte del Presidente Calderón y del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

Sus dichos en nada iban a hacer cambiar la postura de los ministros. ¿O sí? Esa duda es la que salía sobrando.

Hubo, como nota implícita, el reconocimiento de que el abogado Agustín Acosta tenía razón en su defensa de la ciudadana francesa.

La mayoría de los cinco ministros que componen la Primera Sala estableció que a Florence Cassez le violentaron sus garantías constitucionales, pero difirieron en los alcances de esas violaciones.

No estuvieron de acuerdo en su liberación inmediata como pedía el dictamen del ministro Arturo Zaldívar.

Habrá un nuevo dictamen, a cargo de la ministro Olga Sánchez Cordero, que sin duda irá en el mismo sentido que su voto de reivindicación del debido proceso.

Así es que de ninguna manera está cerrado el caso ni se ha dicho la última palabra.

Se violó el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Se violó la obligación de presentar de inmediato a la detenida ante el Ministerio Público.

Y se violó la Convención de Viena, de la cual somos signatarios, al no dar aviso consular de la detención.

En opinión de la mayoría de los ministros nada de eso, ni sumados los tres elementos, ameritaban la puesta en libertad inmediata que proponía Zaldívar.

Por tanto, la Corte ya hizo su trabajo.

Cassez ya puso lo suyo al permanecer recluida en tanto termina de desahogarse el proceso.

¿Y el Ejecutivo?

Falta, pues, conocer la otra consecuencia importante: ¿qué va a hacer el Ejecutivo para subsanar las violaciones constitucionales esenciales en un proceso de gran relevancia?

La Policía Federal ha desempeñado un papel invaluable en el combate al secuestro, por lo menos en casos que ha resuelto.

Es, quizá, la única policía capaz de atrapar secuestradores y liberar con vida a las víctimas.

¿Vamos a deshacer una institución valiosa por las torpezas cometidas, como el montaje ocurrido en este caso?

Lo que se necesita es corregir, no destruir.

A partir de lo que oímos el miércoles en la Primera Sala de la Corte, deberían terminar para siempre los montajes y shows mediáticos en temas de justicia.

No violar garantías constitucionales. Cumplir con el Estado de derecho.

Y cuanto antes, necesitamos oír una disculpa clara y llana del Poder Ejecutivo por las fallas denunciadas por los ministros de la Corte.

phl@razon.com.mx

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Uso de razón

Pablo Hiriart



El Papa no viene al DF

Un mensaje llamativo del primer viaje a México del Papa Benito XVI, es que no viene a la capital del país.

No estamos ante una casualidad ni frente a una velada protesta contra leyes recientemente aprobadas en el Distrito Federal.

Uno de los motivos que explican la ausencia del Papa en la arquidiócesis más grande del mundo se llama Norberto Rivera Carrera.

Y la otra razón por la cual va a provincia y no al DF, es su intención de reforzar el gobierno sinodal de la Iglesia, es decir, dar más fuerza a los obispos y menos a los primados.

De haber venido a la capital, el cardenal Rivera Carrera se hubiese convertido en la figura número dos de la gira. En el Vaticano no lo querían así, de manera expresa.

Rivera Carrera está tocado por el caso Maciel.

Contra lo que algunos analistas desinformados han sostenido, fue Joseph Raztinger el que abrió un proceso contra los actos del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.

En su calidad de Prefecto de la Doctrina de la Fe, Ratzinger se encontró con múltiples obstáculos para desmontar el imperio de Maciel.

Maciel contaba con poderosas redes de poder para proteger sus actividades inescrupulosas. En torno a él se coaligaban dinero y poder. Dos hilos fundamentales en esas redes eran Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano, y Norberto Rivera Carrera, cardenal primado de México.

En uno de sus recientes libros, La Luz del Mundo (noviembre de 2010), Benito (o Benedicto, como le llaman en latín) XVI agradece con admiración a las víctimas de Maciel por su perseverancia en la verdad, a pesar de las descalificaciones.

Tales descalificaciones en contra de las víctimas de Marcial Maciel venían, en buena medida, de esa red que tenía su cabeza en la secretaría de Estado del Vaticano y pasaba por la arquidiócesis de Norberto Rivera.

El Papa Juan Pablo II, que tenía muy cerca a Sodano y a Ratzinger, optó en su sucesión por el cardenal bávaro. Lo ubicó en una posición estratégica para que el colegio cardenalicio lo eligiera como el nuevo Pontífice de la Iglesia católica.

La asunción de Ratzinger a la silla de Pedro fue el fin de Maciel, pero no el de Sodano y de Norberto.

A ninguno de los dos los puede remover, y Sodano está en primera fila para suceder a Ratzinger.

Norberto Rivera recibió del nuevo Papa el ofrecimiento de una promoción (“promoción es igual a remoción”, dicen los expertos en temas vaticanos): hacerse cargo del Dicasterio de la Familia. Norberto rechazó la oferta.

Seguramente, y pronto, el cardenal primado de México recibirá una nueva propuesta.

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Uso de razón

Pablo Hiriart



Lo inaceptable

Las opiniones del jefe del Comando Norte de Estados Unidos sobre el inaceptable número de muertos en la lucha contra el narcotráfico tienen mucho de razón. Aunque también mucho de cinismo.

Los integrantes de las cúpulas de la comunidad de inteligencia y de defensa de Estados Unidos alientan en México una estrategia que luego recriminan por sus saldos.

Lo que ha hecho Estados Unidos con el tema del narcotráfico es algo muy simple: expulsan la violencia y atraen el dinero.

A nosotros nos alientan a hacer lo contrario: dar la batalla física a los narcos, con el resultado que tenemos a la vista, y establecer estrictas medidas contra el lavado de dinero.

Ellos consumen la droga, mantienen el fenómeno de la violencia al sur de su frontera, y el dinero de ese negocio ilícito va a los grandes bancos de la Unión Americana.

A propósito del tema, el lector David Brandón me envió un cuestionario que, en buena medida, evidencia la doble vara del vecino del norte para tratar el fenómeno.

Pregunta Brandón ¿quién vende las armas a los narcos en México? La respuesta es obvia. Es un negocio de estadounidenses.

Las siguientes preguntas tienen la misma respuesta: ellos.

¿Quién es el principal consumidor de drogas en el mundo?

¿Quién lava la mayor cantidad de dinero proveniente del narco?

¿Quién niega la existencia de grandes capos y mafias en su territorio?

¿Quién tiene agencias de seguridad que toman la droga como pago de las armas que entregan a los carteles mexicanos?

Y una última pregunta que tiene una respuesta diferente:

¿Quiénes ponen los muertos, mayoritariamente de una población juvenil a la que tienen sin educación ni oportunidades de trabajo?

Son preguntas correctas, aunque cabe hacer un comentario: la lucha contra las drogas en nuestro país no es únicamente para liberar a los estadounidenses de esa plaga.

La lucha se tiene que dar para contener el fenómeno de la drogadicción en nuestro país, pues hace tiempo que dejó de ser realidad eso de que nosotros la transportamos y ellos la consumen.

El dinero de las drogas es dinero mal habido. Es un negocio ilegal, además de criminal.

El punto está en encontrar una estrategia para combatir de manera eficaz la violencia que genera el narcotráfico.

Y recordar que circunscribir el tema de la violencia al narcotráfico es un error.

Lo que hay es un caos y un desorden más o menos generalizado en vastas zonas del territorio nacional, donde mandan los violentos.

Matan por un quítame estas pajas, secuestran, cobran por el derecho al trabajo, extorsionan, tienen el control de las cárceles, se roban hasta la gasolina de los ductos de Pemex, y campea la impunidad.

Eso, en efecto, es inaceptable. Y hay que encontrar soluciones, no huir hacia adelante

phl@razon.com.mx

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