Indicador Político

Carlos Ramírez



*Jacoby: militarización de TLC

*Diferencias entre EU y México



La declaración contundente del general Charles Jacoby de que “es inaceptable la cifra de muertos en México” debió ser contrastada por los medios mexicanos con las cifras de civiles muertos por el ejército estadunidense en Irak y Afganistán en los años de la invasión: 450 mil personas inocentes asesinadas por tropas invasoras sin que nadie le exija cuentas a la Casa Blanca.

Pero el pronunciamiento del general en jefe del Comando Norte de los EU se localizó en el escenario de las presiones de Washington incorporar a militares estadunidenses en la lucha mexicana contra el crimen organizado. En el fondo, la declaración del general Jacoby sólo mostró las diferencias de objetivos entre la estrategia mexicana y la estrategia estadunidense: Washington busca defender la hegemonía de los EU y México busca proteger el sistema democrático.

El 10 de marzo pasado, el general secretario de la Defensa Nacional de México, Guillermo Galván Galván, reiteró los tres componentes básicos de la lucha del gobierno mexicano contra el crimen organizado: enfrentar y someter a los criminales, reconstruir las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia y reconstruir el tejido social.

El general Jacoby, en cambio, retomó la directiva del presidente Obama y señaló que el ejército de los EU busca “sostener el liderazgo mundial de los EU”. Para ello, el gobierno de los EU acaba de aprobar, por ejemplo, la Ley de Defensa Nacional con todo y las leyes patrióticas de Bush pero más aún el procurador Eric Holder --acosado por su papel en la fallida Operación Rápido y Furioso-- dijo hace una semana en un discurso oficial en la Universidad de Northwestern que el gobierno de los Estados Unidos puede asesinar a ciudadanos estadunidenses sin necesidad de cargos, refiriéndose al estadunidense Anwar Awlaki asesinado por la CIA sin juicio por pertenecer al mando de Al Qaeda.

En su discurso, Holder fue muy claro en temas que en México causan ronchas: la seguridad nacional definida por la Casa Blanca permite como política común el asesinato, los arrestos sin orden de aprehensión, la tortura, los cateos y tribunales militares para civiles. Las palabras de Holder fueron claras, dejando claro que el presidente y sus colaboradores judiciales son juez, jurado y verdugo:

“Algunos han argumentado que el presidente (Obama) está obligado a obtener el permiso de un tribunal federal antes de tomar medidas contra un ciudadano de los EU que es un alto dirigente operativo de Al Qaeda o de fuerzas asociadas. Esto simplemente no es exacto. El “debido proceso” y el “proceso judicial” no son la misma cosa, sobre todo cuando se trata de seguridad nacional. La Constitución garantiza el debido proceso, no un proceso judicial”.

El general Jacoby ascendió a la jefatura del Comando Norte después de su papel en Irak y Afganistán, donde ha habido, durante la ocupación del ejército de los EU, 450 mil civiles asesinados sin que nadie pague por ello y sin que ninguna organización de derechos humanos condene el abuso. Esta semana un soldado estadunidense asesinó públicamente a dieciséis afganos.

La declaración intervencionista del general Jacoby sobre la estrategia mexicana de lucha contra el crimen organizado se basa justamente en la política de seguridad de los EU que no respeta fronteras y sobre todo la orden ejecutiva del propio presidente Obama del pasado 25 de julio declarando la “emergencia nacional” por la amenaza de cárteles mexicanos dentro de los EU. Pero en lugar de combatir a las bandas en territorio estadunidense, la Casa Blanca ha decidido perseguirlos en otros países.

La función oficial del Comando Norte es clara: “el Comando Norte anticipa y lleva a cabo operaciones para disuadir, prevenir y derrotar las amenazas y la agresión dirigidas a los EU, sus territorios e intereses dentro de su área de responsabilidades. Y el área de acción del Comando Norte es proteger los intereses de los EU en Alaska, Canadá, los Estados Unidos, México, Golfo de México y Estrecho de Florida”. Su tarea es integral, al grado de que agentes del FBI, la CIA, la Agencia de Inteligencia Militar, la Agencia de Seguridad Nacional y otras tienen oficinas dentro de las instalaciones del Comando Norte.

El general Jacoby sabe muy bien de los abusos del poder militar. En el 2004 fue enviado a Afganistán a investigar la muerte sospechosa de detenidos en prisiones estadunidenses en ese país del medio oriente por torturas, una historia que viene desde Abu Graib y luego se extendió con el memorándum oficial del secretario de Defensa de Bush, Donald Rumsfeld, autorizando grados de tortura a detenidos para obtener información.

La investigación militar a cargo de Jacoby redactó un informe interno que fue clasificado como secreto, aunque dos voceros del ejército de los EU declararon que “no se encontró evidencia de abuso ni hubo evidencia alguna de que se autoricen torturas y abusos por parte de altos mandos”.

La intención de los militares de los EU es extender a México la relación militar con Canadá. En su declaración del 6 de marzo, el general Jacoby habló de una estrategia militar conjunta EU-Canadá y afirmó que “Canadá es un socio de confianza con quien compartimos la defensa del continente”. Los EU y Canadá ya firmaron un Plan de Asistencia Civil y un Plan de Defensa combinada, con “niveles de cooperación sin precedentes”, para avanzar en “la seguridad continental y la estabilidad”. Entre los dos países existe lo que los EU quieren para México: “una relación militar-a-militar”, sin pasar por mandos civiles.

El problema es que los intereses estratégicos y de definición interna de México son diferentes a los geopolíticos de los EU. Obama los define con claridad en la directriz sobre liderazgo mundial: “hemos llevadas a cabo operaciones prolongadas en Irak y Afganistán para llevar la estabilidad a los países y proteger nuestros intereses”. Y los altos mandos militares se mueven hacia ese objetivo. México, en cambio, tiene principios de política exterior radicalmente diferentes a los de Washington. Por eso las presiones del ejército de los EU.

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Indicador Político

Carlos Ramírez



*Madruguete a favor de Cassez

*Zaldívar violó debido proceso



Si la intención fue afirmar que a la sentenciada Florence Cassez no le respetaron su “debido proceso” y por tanto debe salir libre, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea lo hizo violando el debido y escrupuloso proceso que deben seguir los proyectos de sentencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

En realidad, el ministro Zaldívar operó un sospechoso madruguete mediático a favor de Cassez al filtrar su propuesta de sentencia sin pasar por las reglas estrictas de la Corte que quieren evitar que alguna de las partes utilice malévolamente la información judicial a su favor. Por ello es que los principales enojados con el ministro no sean los funcionarios de la PGR, sino los mismos ministros de la Corte fue fueron desdeñados por su colega Zaldívar y ahora aparecen mediáticamente presionados para aprobar su proyecto de sentencia o ser destrozados por la ira social, como si la Corte fuera un circo romano.

La estrategia de Zaldívar se salió de las reglas del juego judicial de la Corte por la sencilla razón de que no quería que le repitieran la dosis de rechazo a su proyecto de sentencia por el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, a finales del 2010 ni le arremetieran con más regaños en la discusión del proyecto. En este sentido, la intención del ministro Zaldívar fue filtrar ilegalmente a la prensa su proyecto e imponer mediáticamente su posición por la vía del albazo.

La violación del debido proceso que deben seguir los proyectos de sentencias judiciales fue aprovechada mediáticamente por el abogado de la sentenciada Cassez, Agustín Acosta, para volver a poner el tema del montaje como el centro de la discusión, cuando la PGR acreditó con declaraciones y fotografías la relación de complicidad de Cassez con el secuestrador Israel Vallarta y su participación en su banda de secuestradores. El albazo de Zaldívar tuvo repercusión internacional porque hasta el presidente Nicolas Sarkozy lo cachó en el aire y lo convirtió en tema de su decreciente campaña electoral por la relección, al grado de que la oposición socialista señaló su oportunismo electoral.

Pero lo que los ministros deben aclarar primero sería la razón del ministro Zaldívar para romper el proceso interno de ruta de los proyectos de sentencia porque el documento íntegro saltó a la prensa sin haber cumplido los pasos legales de listado y sobre todo sin que los demás ministros de la Corte tuvieran conocimiento de su contenido. O se trató de un desdén del ministro Zaldívar a la Corte y a los ministros para evitar la discusión interna en la Primera Sala o buscó romper el debido proceso interno para beneficiar a la sentenciada Cassez.

La filtración a medios de proyectos de sentencia violó procedimientos legales que se usan en casos similares porque beneficia a una de las partes, como ocurrió al afectar a la PGR y desde luego benefició a la acusada Cassez porque su abogado mexicano utilizó los medios radiofónicos para dar por definitiva la inocencia de su cliente decretada por el ministro Zaldívar en su proyecto de sentencia que debe ser discutido y votado en el seno de la Primera Sala.

La jugada política de Zaldívar exhibió la parcialidad de un ministro de la Corte en los juegos políticos de poder. Y se trataría de una muesca más a su historial del ministro, pues junio del 2012 quiso convertir a la Corte en un tribunal de sentencia --no seremos “guardianes morales del orden establecido” ni “tribunal de conciencia”, dijo el ministro José Ramón Cossío ante el proyecto del ministro Zaldívar-- buscando convertir a la Corte, vía la facultad de investigación de violación de garantías individuales, en un Tribunal de la Acordada pidiendo el cadalso para los funcionarios involucrados en responsabilidades del ABC, pero sin el debido proceso de escuchar a los inculpados; este proyecto de sentencia no sólo fue rechazado y repudiado por la mayoría de los ministros, sino que exhibieron a Zaldívar como un vulgar juez de sentencia.

Luego vino en mayo de 2011 el voto en la Corte Suprema sobre las tarifas de interconexión y el ministro Zaldívar se excusó porque había litigado a favor de Telcel en sus tiempos de abogado privado y más aún cuando el amparo solicitado estaba aún en litigio en el máximo tribunal. Y a finales de 2011 Zaldívar fue acusado por La Jornada por el litigio de la libertad de expresión debido a un artículo publicado en Letras Libres sobre la presunta complicidad de La Jornada con la ETA, pues Zaldívar había sido el redactor de la resolución a favor de Letras Libres.

Ahora la decisión de Zaldívar de filtrar su proyecto de resolución sobre el amparo solicitado por Cassez antes que la conocieran sus colegas puso en ridículo a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación porque apenas a finales de febrero pasado, una semana escasa antes del affaire Zaldívar, la Corte había decidido poner orden en el manejo de nombres de funcionarios e instituciones en procesos en litigio. Y justamente la normatividad ha establecido un sendero riguroso para los proyectos de sentencia, a fin de no crear factores de presión externos que intenten influir en la decisión de los demás ministros.

La forma escogida por el ministro Zaldívar para darle apoyo a su proyecto en medios rompió con las normas de discreción establecidas por la Corte. Si el proyecto de sentencia se programó hasta el miércoles 21 de marzo en la Primera Sala, la filtración el 7 de dio dos semanas de ventaja mediática a los abogados de Cassez para construir una corriente de opinión en torno al tema del montaje realizado por la Policía Federal para la grabación de un arresto, pero dejando de lado el caso concreto de los secuestros, la banda de los Vallarta, las fotos de Cassez con Israel Vallarte, las declaraciones de las víctimas y sobre todo el hecho de que el video del montaje no formó parte del expediente penal.

Al final, el ministro Zaldívar violó el debido proceso de los debidos procesos para beneficiar a una sentenciada. Así de simple.

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Indicador Político

Carlos Ramírez



*AMLO: vendedor de indulgencias

*Bartlett, por encima de Cárdenas



La nominación de Manuel Bartlett Díaz como candidato de la “izquierda” neopopulista-lopezobradorista no se agotó en una venta de indulgencias en la nueva Iglesia del Amor sino que tuvo el mensaje de que el defensor de los recursos naturales por parte del PRD no será Cuauhtémoc Cárdenas sino en político salinista.

En este contexto, la nominación de Bartlett, decidida directamente por López Obrador y en contra de la opinión perredista, sería el paso definitivo para echar del discurso perredista a Cuauhtémoc; como el tabasqueño dijo, refiriéndose a Cuauhtémoc, que “no me peleo con la historia”, entonces optó por indultar a Bartlett de todos sus pecados políticos y lo recibió con los brazos abiertos en la República Amorosa.

Sin embargo, la sola nominación de Bartlett demostró que la venta de indulgencias del pastor López Obrador no es suficiente porque ahora el PRD se va a significar por la entrega del partido a todos los salinistas que le aplicaron el fraude electoral en 1988 a Cárdenas y luego desataron una represión con más de 500 perredistas muertos. Hoy el PRD quedó marcado con el sello de Bartlett.

En todo caso, lo que no se ha dicho es que Bartlett fue recibido en el seno del lopezobradorismo no como un acto de amor sino como la decisión estratégica con tres aristas: convertirlo en el defensor del petróleo, desfondar al PRI quitándole votos y hacerse de todos los secretos del poder priísta y salinista que atesoró en sus años de servir al poder absolutista del priísmo en el poder.

Ahora el PRD y López Obrador tendrán que compartir la agenda del poder oscuro de Bartlett en la que son pecados menores el fraude electoral en Chihuahua en 1986, el fraude presidencial de 1988 y el fraude municipal en Huejotzingo en 1996, en tanto que los pecados mortales --según el evangelio de la República Amorosa-- son mucho más graves:

--El asesinato del columnista Manuel Buendía cuando Bartlett era secretario de Gobernación y jefe directo de José Antonio Zorrilla Pérez, director de la Federal de Seguridad y cuando Buendía se disponía a publicar columnas sobre la alianza de la DFS con el narco.

--El asesinato de José Luis Esqueda después de que le entregó a Bartlett pruebas de que Zorrilla Pérez estaba al servicio del narco y la permanencia de Zorrilla Pérez en su cargo de jefe de la policía política que protegía a los cárteles.

--La alianza criminal con Zorrilla Pérez y sus amenazas a Proceso.

--El asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar por el que tiene un juicio en los EU y no sólo Bartlett tiene miedo de pisar territorio estadunidense, sino que no se atreve a cruzar su espacio aéreo.

--La corrupción de la Federal de Seguridad durante su gestión en Gobernación y las credenciales oficiales de Gobernación que acreditaban con nombres falsos a capos del narco, entre ellos a Rafael Caro Quintero. Este asunto de las credenciales también involucró al entonces procurador general Sergio García Ramírez, hoy consejero electoral del IFE. Las credenciales las tuvo en su poder García Ramírez e ilegalmente se las entregó a Bartlett para, ahí, perderse de vista.

--La complicidad de Bartlett con la represión criminal al PRD en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, en los que sirvió en silencio y con disciplina. Como secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, Bartlett dejó sin explicar el asesinato de los asesores electorales de Cárdenas en 1988.

--El apoyo incondicional de Salinas y el papel decisivo de Joseph-Marie Córdoba Montoya en la operación dedazo para imponerlo como gobernador de Puebla.

--El papel de Bartlett en la represión política contra quienes violaran la disciplina del poder: Bartlett fue el autor de la guerra sucia contra Jesús Silva Herzog en 1986, por instrucciones de De la Madrid, para consolidar a Carlos Salinas como el responsable del modelo económico neoliberal. Asimismo, Bartlett tuvo participación en la guerra política del PRI de De la Madrid contra Cárdenas y Muñoz Ledo para imponer a Salinas como candidato y Bartlett compró indulgencias con Salinas para ser secretario de Educación y luego gobernador, aunque con el chantaje de la información del fraude de 1988.

Ahora Bartlett es el símbolo de la “izquierda” perredista-lopezobradorista. ¿Ganará Bartlett las elecciones de gobernador? Los datos colocan al PRD en un lejano tercer lugar:

--En la elección de senador de 2006, el PAN ganó el 36.1% de los votos, el PRI sacó 31.3% y el PRD apenas 24.4%.

--En la elección de diputados federales del 2009, la alianza PRI-PVEM acumuló 46.3% de los votos, contra 27.3% del PAN y apenas 12.8% de PRD-PT-Convergencia.

--En la elección de gobernador del 2010, el PRD se benefició de la alianza con el PAN y los dos ganaron con el 50.4%, contra el 40.1% del PRI.

--Y en la elección de diputados locales de 2010, el PRI-PVEM logró 40.8% de los votos, contra 44.8% de la alianza PRD-PAN-Convergencia-Panal.

El PRD y sus aliados están abajo del PRI y del PAN, pero López Obrador espera que Bartlett logre jalar a su causa al priísmo marinista con el anzuelo del perdón de todos sus pecados; inclusive, Bartlett ha prometido posiciones en el gabinete del tabasqueño, pero sin generar entusiasmo por la colocación de López Obrador en un distante tercer lugar en las encuestas presidenciales.

Lo que queda por evaluar es el hecho de que López Obrador haya convertido a Bartlett, con toda su biografía priísta de abusos, represión y agenda oscura, en el personaje que represente a la “izquierda”, si al final Bartlett apenas ha elaborado un burdo discurso nada creativo vinculado al priísmo nacionalista de la burocracia populista de los sesenta, setenta y ochenta, cuando comenzó su carrera en el poder al servicio de la Secretaría de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, sí, el Díaz Ordaz de la estela represiva de 1968 donde combatieron al PRI y fueron reprimidos algunos legisladores y políticos hoy en el… PRD.

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Indicador Político

Carlos Ramírez



*PRI: fraude legal a… priístas

*Trife puede quitarle diputado



Luego de haber retirado a seis de los ocho aspirantes disidentes a diputados a cambio de posiciones menores en la campaña presidencial, el PRI elaboró un nada sofisticado “fraude legal” contra los dos aspirantes restantes.

El punto central del litigio no radica en la denuncia de trampas políticas de priístas contra priístas, sino en el hecho de que el PRI nacional no ejecutó una sentencia formal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por ello ya fue denunciado en la sala regional de Xalapa, Veracruz.

El aspirante a diputado por el distrito 10 federal de Miahuatlán, Oaxaca, Jaime Larrazábal Bretón, ha puesto al PRI nacional contra la pared porque la dirigencia partidista organizó ya dos convenciones hechizas para imponer candidato sin cumplir con los derechos partidistas de otros aspirantes. El problema se ha centrado en que el Tribunal ordenó que en la segunda convención de delegados “se garantice la participación del precandidato Jaime Larrazábal Bretón” y el PRI organizó el evento en secreto y sin notificarle a Larrazábal.

La inejecución de sentencia es un acto similar al incumplimiento de amparo y deriva en acciones legales contra los que no cumplieron el mandato de la autoridad, por lo que los miembros de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI estarían a punto de ser castigados y el candidato oficial impuesto podría ser excluido de competir en las elecciones y el PRI quedar sin candidato.

Así, el nuevo PRI renace vigorizado de las cenizas del viejo PRI. Pero las cosas podrían complicársele si el Trife no suelta el asunto: la asamblea para la designación de delegados para la convención de elección de candidatos debe quedar asentada en actas legales que pudieran ser solicitadas por el Trife. Hasta ahora, no obstante, esas actas están desaparecidas pese a que Larrazábal Bretón ya las solicitó legalmente; la sospecha es que no hubo asamblea y se falsificaron documentos.

La historia política del PRI se teje con la suma de pequeñas historias. Y la de Larrazábal Bretón por obtener el registro de candidato a diputado federal por el distrito 10 de Miahuatlán, Oaxaca, podría ser narrada por Franz Kakfa como comentarista político: un monumento al absurdo. El PRI nacional no acepta disidentes y quiere tener el control absoluto de los diputados.

Lo absurdo de la segunda Convención de Delegados del distrito 10 de radicó en el hecho de que el disidente Larrazábal Bretón nunca fue convocado ni notificado ni menos aún se le entregaron copias del padrón de electores ni las actas de la primera Convención. En privado, en secreto, con trampas legales para eludir la notificación al aspirante disidente, las autoridades de la Comisión de Procesos Internos elaboraron un bastante obvio fraude electoral contra un militante priísta que no fue palomeado originalmente como aspirante.

La cronología del caso de Larrazábal Bretón ilustra un ejemplo de que el nuevo PRI es el mismo viejo PRI:

--28 de febrero solicitó al PRI el Padrón de Delegados, así como los lugares y las Actas de las Asambleas por medio de las cuales fueron electos dichos delegados con los que en la 1ª Convención eligieron al sr. Oscar Valencia como precandidato por el 10 Distrito Federal Electoral; mismas hasta esta fecha no se han entregado.

--1 de marzo, después de conocerse la sentencia a favor de Larrazábal para la celebración de una nueva Convención, el aspirante solicitó al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, una audiencia con carácter de urgente para definir las reglas de la nueva Convención, en virtud de que quien actuaba como Presidenta del PRI en Oaxaca no tenía el reconocimiento legal del PRI Nacional y de las Autoridades Electorales. La audiencia que no se concedió.

--2 de marzo: Larrazábal solicitó el padrón priísta. Hasta esta fecha no se ha entregado.

--El 5 de marzo solicitó al Presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos nombrar a un representante para coadyuvar en la organización de la Convención. Hasta la fecha no ha habido respuesta.

--El 8 de marzo insisto ante el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Pedro Joaquín Coldwell, para informarle que no le habían entregado el Padrón y quien actuaba como presidenta no tenía el reconocimiento legal. No hubo respuesta.

--Desde el día 27 de enero a esta fecha Larrazábal informó de tres domicilios señalé para recibir todo tipo de notificaciones y documentos y la información de la segunda convención nunca se le notificó.

--El día 9 de marzo entrego a la Comisión Nacional de Procesos Internos denunció la negativa del PRI de entregarle documentos para competir: padrón de Delegados a la Convención de Delegados del 10 Distrito Federal Electoral, señalando en él su conformación en los términos del art 184 de los estatutos de PRI aprobado en la XX Asamblea Nacional, Copia del Acta de las Asambleas de los sectores, Movimiento Territorial y de las Organizaciones, Copia de Actas de Asambleas Electorales Territoriales en donde se eligieron los Delegados a la Convención del Décimo Distrito Federal Electoral del Estado de Oaxaca, Copia del Acta de la Convención de Delegados del Décimo Distrito Federal Electoral del Estado de Oaxaca en donde se declararon la validez de la elección de Oscar Valencia García y se le hizo entrega de la Constancia respectiva. No las he recibido.

De ahí que la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI ha sido acusada ante el Trife de no cumplir con sentencias. Y el candidato oficial impuesto por el PRI con trampas podría ser declarado ilegal y por tanto el PRI no podría participar en la elección del distrito 10 de Oaxaca.

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